En Honduras, el mecanismo de juicio político ha sido un tema de debate tras el cambio de autoridades, aunque nunca se ha aplicado desde su aprobación en 2013. La Ley Especial de Juicio Político busca determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios que incurran en actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional.
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La base legal del proceso se encuentra en la reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional el 22 de enero de 2013 mediante el Decreto Legislativo No. 231-2012, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de enero de ese mismo año, lo que le dio validez oficial.
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El artículo 3 de la Ley Especial de Juicio Político establece quiénes pueden ser sujetos a este procedimiento: presidente de la República y sus designados, diputados del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional. La medida aplica “cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o al interés nacional, y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo”.
¿Quiénes podrían recibir juicio político?
Entre los posibles candidatos para enfrentar un juicio político se encuentra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado por algunos sectores como responsable de intentar sabotear las elecciones del 30 de noviembre de 2025 al dejar de asistir a las sesiones del pleno y acusar a sus compañeras consejeras de tramar un plan contra la democracia. También figuran Johel Zelaya, fiscal general; Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral; y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Para que un juicio político avance, el Congreso Nacional es el órgano responsable. Según el artículo 2 de la ley, cada procedimiento requiere que el pleno nombre una comisión especial de nueve miembros para investigar los hechos denunciados y elaborar un informe sobre la conducta del funcionario en cuestión.
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El artículo 7 de la ley establece la votación necesaria para iniciar un juicio político: para el presidente de la República se requieren tres cuartas partes de los miembros del Congreso; para los demás funcionarios electos por este poder, es suficiente una votación afirmativa de dos tercios, es decir, al menos 86 diputados.
La plataforma Defensores por la Democracia anunció la recolección de firmas para respaldar este mecanismo, buscando que se aplique como un procedimiento legal y no como una herramienta política o de revancha.
El juicio político es un procedimiento legislativo que permite destituir o inhabilitar a funcionarios públicos por actos irregulares que vulneren la Constitución o la ley, estableciendo un precedente para que no se repitan conductas que atenten contra la democracia.
Ni revancha ni venganza
Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión encargada del tema en el Congreso Nacional, explicó el viernes: “hoy, no tenemos los votos, nos faltan dos o tres, la mayoría de la bancada liberal nos está apoyando pero no todos, toda la bancada nacionalista, Democracia Cristiana y Pinu, hay que esperar el fin de semana a ver que sucede, estamos convocados para el lunes, que quede claro, esto no es revancha ni venganza ni ideología, es sentar un precedente para que no vuelva a pasar y para aquellos que quisieron atentar contra la democracia”.
En síntesis, para aprobar un juicio político en Honduras se necesita reunir la votación calificada en el Congreso, formar la comisión investigadora, contar con denuncias graves y asegurar el respaldo suficiente de las bancadas, garantizando que el proceso sea legal, transparente y no motivado por intereses partidarios.
El Congreso Nacional está convocado para este lunes, y se espera que durante la sesión se avance en la discusión sobre posibles juicios políticos a varios funcionarios. La cita legislativa podría marcar el inicio formal del proceso, dependiendo de que se logre reunir la votación necesaria y conformar la comisión especial que investigará los hechos denunciados.
