La mujer que fue denunciada por dejar amarrados de los pies a sus dos hijos de 4 y 6 años en el barrio El Tololo, en el municipio de El Triunfo, ha quedado bajo proceso de investigación, mientras las autoridades profundizan en el caso que ha causado indignación en la zona sur del país.
La madre, de 24 años y madre soltera, fue detenida por agentes de la Policía Nacional la noche del lunes 1 de julio, luego que vecinos alertaran sobre llantos desesperados provenientes de la vivienda, donde los niños se encontraban privados de su libertad.
Según el informe brindado por la inspectora Lucila Cruz, al momento del rescate los niños estaban amarrados de los pies, mientras la mujer había salido a vender jugos naturales para conseguir ingresos.
“Ella manifestó no tener con quién dejarlos, pero esto no justifica las condiciones en las que se encontraban”, aseguró Cruz.
Madre en libertad
Aunque inicialmente se le dictó prisión preventiva, el fiscal de turno optó por dejarla en libertad con medidas mientras se desarrolla la investigación sobre posible maltrato infantil, según confirmó la Policía Nacional.
Por su parte, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público ya trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan determinar si los menores han sido víctimas de otros tipos de abuso físico o emocional.
Los niños están bajo protección del Estado
Tras el rescate, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) tomó la tutela temporal de los menores.
Niccole Herrera, representante regional de Senaf en el sur, señaló que los niños ya se encuentran recibiendo atención psicológica y emocional.
“Nada justifica que se les dejara amarrados, como fue documentado. La rápida acción de los vecinos evitó una posible tragedia”, expresó Herrera.
El foco en la violencia infantil y la precariedad
Este nuevo caso de vulneración de derechos a la niñez ha reabierto el debate sobre la situación de las madres solteras que viven en pobreza extrema, y la falta de acceso a redes de apoyo o centros de cuidado infantil en comunidades rurales del país.
El Código Penal hondureño, en su artículo 199, establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes causen lesiones físicas que afecten la integridad de una persona, lo que podría aplicarse dependiendo de los resultados de la investigación.
Por ahora, el caso permanece bajo investigación, mientras los menores reciben protección del Estado.
