El Ministerio Público (MP) en el marco de sus funciones Constitucionales y de su compromiso con la protección de los derechos de la niñez, el acceso a la justicia y la persecución penal de los delitos informa a la población en general lo siguiente:
1. En relación a un caso que ha logrado la atención especial de la sociedad por tratarse de dos niñas que supuestamente habrían sido víctimas de una supuesta “venta” por parte de su madre en el departamento de Olancho, el Ministerio Público precisa que la investigación preliminar de la denuncia ha sido orientada técnica y jurídicamente por fiscales asignados a la oficina local del Ministerio Público en Catacamas; en ese sentido, todas las diligencias y acciones destinadas a la constatación del delito se han llevado a cabo en estricto apego a los principios de objetividad y legalidad.
2. Producto de la investigación preliminar realizada por Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Tegucigalpa, especializados en el delito de Trata de Persona y Explotación Sexual, los fiscales decidieron presentar requerimiento fiscal en contra de Miguel Ángel Hernández Mejía por suponerlo responsable del delito de violación calificada agravada en perjuicio de una niña de 11 años. El acusado fue presentado ante los tribunales competentes, donde, después de la audiencia de declaración de imputado, el juez resolvió dictar detención judicial en su contra y se programó la audiencia inicial para el próximo 13 de julio de 2026.
3. En vista que, en diferentes medios de comunicación, se ha dejado entrever que la madre de la víctima habría sido puesta en libertad por decisión del Ministerio Público, es importante precisar que contra ella no se ha presentado aún requerimiento fiscal, en virtud de que los agentes policiales continúan investigando su participación en los hechos denunciados. Una vez se cuente con elementos que lleven a la Fiscalía a considerar una acción penal en su contra, se procederá conforme a ley.
4. El Ministerio Público además aclara que la niña víctima y sus dos hermanas se encuentran bajo la protección y custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), institución responsable de garantizar su seguridad, atención integral y bienestar, tal y como ordenan los procedimientos en materia de protección a la niñez vulnerable; contrario a lo que difundieron algunos medios de comunicación.
5. A la población recordamos que son los indicios obtenidos durante la investigación criminal los que orientan las decisiones de los fiscales, los cuales, junto a otras pruebas técnicas, científicas y testimoniales, sustentan los casos ante los juzgados. Cualquier otro juicio de valor ventilado fuera del proceso formal de investigación podría entorpecer las averiguaciones y además crear percepciones equivocadas acerca del trabajo que lleva a cabo la Fiscalía en coordinación con otras autoridades; por ello, es importante referirnos a casos tan sensibles con absoluta responsabilidad, más cuando la normativa internacional y nacional ordena proteger el derecho a la imagen y privacidad de los niños, niñas y adolescentes.
6. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso por impulsar la presente investigación con objetividad, rigor técnico y absoluto respeto al debido proceso en todos los delitos que atenten contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, hasta lograr llegar a la verdad de los hechos denunciados, garantizando el debido proceso y, en caso de lograr mínimos indicios de participación criminal de otras personas, proceder a la presentación de más requerimientos fiscales en representación de los intereses generales de la sociedad.
