La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones que prohíbe que el expresidente de Bolivia Evo Morales ingrese a Perú, de acuerdo con la resolución judicial del caso obtenida por CNN a través de una fuente en la Superintendencia.
La prohibición al ingreso de Morales a Perú se impuso el 6 de enero de 2023. Inconformes con la medida, los abogados de Morales presentaron una demanda, que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró parcialmente fundada en noviembre pasado, tras considerar que el derecho a la libertad del exmandatario podría verse afectado. Sin embargo, el asunto pasó a una instancia superior.
En esta nueva resolución —fechada el 30 de enero—, la Segunda Sala Constitucional concluye que la Superintendencia actuó con apego al marco legal de Perú.
“Vemos con claridad que el actuar de Migraciones no ha sido arbitrario, en la medida de que la decisión de declarar el impedimento de ingreso al Perú que recae sobre señor Juan Evo Morales Ayma, dado el día 6 de enero del 2023, tiene sustento en el resumen ejecutivo enviado por la Dirección General de la Inteligencia del Ministerio del Interior (hoja 97 a 173) en el que identifica al señor Morales Ayma como propulsor y participante de eventos ideológicos y políticos con aras de desestabilizar el orden interno y hacer frente a los actos del gobierno del Perú”, dice el documento.
“La decisión tomada por Migraciones se encuentra plenamente justificada, puesto que existe un Informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Morales Ayma como una persona peligrosa para la seguridad del Estado, y ese el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio, con lo que descarta que la motivación sea inexistente, como erróneamente indica la parte demandante y el Juzgado”, insiste.
CNN está tratando de contactar al expresidente Morales o a su equipo legal para obtener comentarios.
Tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó inconstitucionalmente disolver el Congreso, se produjeron protestas y manifestaciones en varias regiones del país, especialmente en el sur, que dejaron decenas de muertos.
Tras la salida de Castillo, varios congresistas peruanos acusaron a Morales, uno de los más enconados críticos de la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, de estar detrás de las protestas.
En noviembre de 2021, antes de la salida de Castillo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó por mayoría un pronunciamiento que declaró persona no grata a Morales por intromisión en los asuntos internos del país.
