En el contexto de la presentación del libro «Monumentos de la corrupción», el CNA dio a conocer una nueva línea de investigación sobre la construcción del centro penal de La Acequia.
En el hierro, cemento, bloques y otros materiales se encuentran despilfarrados más de 544 millones de lempiras que por años se han destinado a la construcción del centro penal de La Acequia, Quimistán, Santa Bárbara. Un «Monumento a la corrupción» olvidado, que es devorado por el óxido y las plantas que crecen sin control, invadiendo poco a poco la millonaria estructura.
Con el PCM 15-2007 se dio vida a la comisión pro desarrolllo para que se construyera un centro penitenciario, sin definir el lugar en el que estaría ubicado. A pesar de ser una obra ambiciosa, las autoridades gubernamentales del momento dejaron en manos de personas particulares la responsabilidad de la construcción del centro penitenciario. Desde 2009 a 2020 el flujo de efectivo se entregó de manera intermitente y la obra fue avanzando sin ninguna supervisión de las autoridades que administran los centros penales en el país.
En 2012 se crea el Instituto Nacional Penitenciario (INP), pero entra en vigencia en 2013. Por tal razón, las nuevas autoridades determinan que La Acequia debía ser una cárcel de mínina, mediana y máxima seguridad, sin revisar las condiciones que presentaba la construcción. En este escenario, aparece el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, que firmó un convenio con el INP en el año 2016, para administrar los fondos para la construcción de La Acequia.
El Comité inicia sus actuaciones firmando contratos con la empresa constructora y el ente supervisor. El 30 de septiembre 2020, excediendo sus funciones, el Comité deja a la empresa constructora administrar más de 36 millones de lempiras, de los debía pagar más de 13 millones de lempiras a la empresa supervisora.
El pago se realizó y se entregó el finiquito en fecha 9 octubre de 2020, que determina que ya no existe ninguna responsabilidad para las partes. De manera porterior, en mayo de 2021, se realiza el pago de más de 8 millones, sin ninguna justificación, en virtud que el finiquito emitido por la empresa supervisora determinaba que ya no se adeudaba nada.
Como resultado de esta investigación, el CNA presentó ante el Ministerio Público una denuncia por suponerlos responsables del delito de administración desleal del patrimonio público a los integrantes del extinto Cómite Técnico de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández Quan y Rosa Adelina Pavón. Además, se presentó ante el Tribunal Superior de Cuentas una denuncia por mala administración.
