Una jueza federal dictaminó el lunes que la administración de Trump no podía terminar categóricamente a finales de este mes las protecciones existentes contra la deportación para inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses bajo un programa de ayuda humanitaria.
Este es el último revés legal en los esfuerzos del presidente Donald Trump por implementar rápidamente cambios radicales en el sistema de inmigración.
La jueza federal de distrito Indira Talwani declaró que el Gobierno no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar acortar drásticamente el plazo de dos años para la finalización del programa.
“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani, designada por el presidente Barack Obama.
“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.
Talwani anuló la decisión de Trump de cancelar el 24 de abril los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a esos migrantes, bajo el programa del Gobierno de Biden conocido como permiso de permanencia temporal o CHNV (por las siglas de los países).
Dichas protecciones generalmente deben mantenerse hasta su vencimiento natural, dijo Talwani, vencimiento que se puso en marcha con la decisión de octubre de 2024 del Gobierno de Biden de que el gobierno federal ya no volvería a otorgar el parole humanitario a los migrantes bajo ese programa una vez que venciera el plazo de dos años de los beneficios, que incluye la autorización de trabajo.
La jueza especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión caso por caso.
La demanda fue presentada por inmigrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en Estados Unidos, quienes argumentaron que la suspensión abrupta del programa causaría graves daños a miles de personas en libertad condicional. El gobierno defendió la pausa como un uso temporal y legal de la autoridad ejecutiva para una mayor verificación de seguridad e insistió en que el parole humanitario es una medida discrecional.
Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo.
“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, declaró Anwen Hughes, abogada del demandante y directora sénior de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First.
