La exmandataria argentina, Cristina Fernández, deberá comparecer este martes, ante un juez por presuntos delitos de lavado de activos, luego de haber sumado un nuevo procesamiento en el marco de otra causa en la que se le investiga por una red de sobornos en torno a la obra pública.
La exmandataria y actual senadora deberá declarar en tribunales de Buenos Aires ante el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa conocida como la “Ruta del dinero K” (Kirchner).
El magistrado había citado a declarar a Fernández el pasado día 4 de septiembre luego de que un tribunal superior le ordenara al juez que convocara a la expresidenta a comparecer.
En el caso hay una veintena de personas, entre ellas el detenido empresario de la obra pública Lázaro Báez, acusadas por lavado de activos al haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitió el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
A pesar de que la causa de la “Ruta del dinero K” llevaba tiempo en los tribunales, Casanello no había citado a Fernández a declarar como imputada hasta la orden emitida en agosto pasado por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires.
En la citación a declarar, Casanello cita la resolución de la propia Cámara que le ordenó convocar a Fernández, en la que se remarca la figura de Báez, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz que fueron adjudicadas a sus empresas constructoras.
Según la resolución, el empresario, dueño del grupo Austral y cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fue el encargado de “brindar el entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.
Según el tribunal, ese entramado también permitió sacar fondos de Argentina para “posteriormente reintroducirlos de manera que se ocultara su origen”.
La investigación judicial se inició hace cinco años, pero dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.
Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y otros presuntos implicados en la trama.
Fernández, de 65 años y que desde finales de 2017 goza de fueros como senadora, deberá presentarse en los tribunales en momentos delicados para su situación judicial, que se ha complicado este lunes con un nuevo procesamiento, el sexto que acumula.
El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva a la expresidenta por presunta asociación ilícita en el marco de una causa que investiga una red de pago de sobornos en torno a la obra pública durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández.
El magistrado también dictó el procesamiento de otros exfuncionarios gubernamentales y varios de los empresarios sospechados de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.
