Un juez federal de Texas ordenó el lunes la suspensión de una política del gobierno del presidente Joe Biden que otorgaría estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin tener que salir primero del país, lo que representa un revés por lo menos temporal a una de las acciones presidenciales más significativas en varios años para facilitar el acceso a la naturalización.
El juez de distrito J. Campbell Barker ordenó la suspensión después de que 16 estados, todos con fiscales republicanos, impugnaron el programa que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes que ya se encuentran actualmente en el país, así como a cerca de 50.000 de sus hijos. Los estados acusaron al gobierno federal de eludir al Congreso por “flagrantes fines políticos”.
Uno de los estados que encabeza la impugnación es Texas, el cual aseguró en la demanda que ha tenido que pagar decenas de millones de dólares cada año en aspectos como atención médica y seguridad policial debido a los inmigrantes que viven en la entidad sin un estatus legal.
Biden anunció el programa en junio. La suspensión ordenada por la corte, la cual tiene vigencia de dos semanas pero podría extenderse, se produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) comenzó a aceptar solicitudes.
“Las acusaciones son significativas y ameritan una mirada más de cerca de lo que la corte ha podido darle hasta el momento”, escribió Barker.
Barker fue nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019 como juez en Tyler, Texas, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, un lugar favorito para los defensores que impulsan argumentos conservadores.
El juez estableció un cronograma bajo el cual podría darse una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que el nuevo mandatario asuma el cargo en enero. Barker les dio a las dos partes hasta el 10 de octubre para presentar documentos relacionados al caso.
El programa ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no cuenten con estatus legal —pero que cumplen con ciertos criterios— una vía para naturalizarse al permitirles solicitar una tarjeta de residencia y permanecer en el país en lo que se lleva a cabo el proceso. Tradicionalmente, el proceso podría incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, provocando lo que los activistas comparan con una “separación de familias”.
El DHS no respondió por el momento a un email enviado para solicitar comentarios al respecto.
“La decisión de esta noche del tribunal de impedir que el gobierno federal proporcione alivio es devastadora para las miles de familias de Texas que podrían haberse beneficiado de este programa”, señaló el lunes Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Texas Immigration Law Council.
Varias familias fueron notificadas de que sus solicitudes habían sido recibidas, según los abogados que defienden a familias que califican para inscribirse en el programa y que horas antes el lunes habían presentado una moción para intervenir.
“Texas no debería ser capaz de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin confrontar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante una conferencia de prensa antes de que se diera a conocer la orden.
El programa ha resultado particularmente controversial en un año electoral en el que la inmigración es uno de los temas principales. Muchos republicanos han atacado la medida y aseguran que, en esencia, es una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, aplaudió la decisión del juez.
“Este es apenas el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país, y el Estado de derecho”, escribió Paxton en la red social X.
Para poder ampararse al programa, los inmigrantes deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años de forma ininterrumpida, no representar un riesgo a la seguridad ni tener antecedentes delictivos. Además, deben estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, un día antes de que se diera a conocer el programa.
Los interesados deben pagar una cuota de 580 dólares y llenar una solicitud, en la cual se incluye una explicación de por qué merecen un permiso condicional humanitario, y presentar una larga lista de documentos que demuestren cuánto tiempo llevan en el país.
De recibir la aprobación, los solicitantes tienen tres años para tramitar la residencia permanente. Durante ese periodo pueden recibir un permiso de trabajo.
Antes de la llegada del programa, era complicado que las personas que estaban en el país sin autorización recibieran un permiso de residencia después de casarse con un ciudadano estadounidense. Estaban obligados a volver a sus países de origen —a menudo por varios años— y siempre con el riesgo de que no se les permitiera regresar a Estados Unidos.
