El decreto del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento volverá a la corte este jueves para su primera audiencia importante desde que la Corte Suprema limitó la forma en que los tribunales inferiores pueden detener la controvertida política.
El procedimiento ante un juez federal en Concord, Nueva Hampshire, es una prueba temprana clave de cómo el poder judicial federal examinará ahora los desafíos al decreto del día uno de Trump, que había sido detenida por jueces de todo el país a través de órdenes judiciales a nivel nacional antes de que pudiera entrar en vigor a principios de este año.
A finales del mes pasado, la Corte Suprema, sin pronunciarse sobre la legalidad de la política de Trump, limitó la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, manteniendo intacta la capacidad de los demandantes para solicitar una amplia anulación del decreto mediante demandas colectivas. Quienes impugnaron la política de Trump acudieron rápidamente a los tribunales para lograr precisamente eso.
Los abogados de derechos de inmigración presionarán al juez de distrito estadounidense Joseph Laplante, quien anteriormente falló en contra de la política de Trump, para que emita una nueva orden judicial en su demanda colectiva que bloquearía ampliamente su impacto en los bebés nacidos o no nacidos.
Si el juez se pone del lado de los demandantes, su fallo podría resultar un baluarte crucial contra la política de Trump, mientras otros tribunales se apresuran a reconsiderar sus decisiones a la luz del fallo de la Corte Suprema.
En febrero, Laplante, designado por el expresidente George W. Bush, bloqueó indefinidamente a la administración Trump para que no aplicara el decreto únicamente contra miembros de varios grupos sin fines de lucro que se habrían visto afectados por ella.
“El decreto contradice el texto de la Decimocuarta Enmienda y el precedente centenario intacto que la interpreta”, escribió Laplante en ese momento.
Varios otros jueces dictaminaron de manera similar que el decreto de Trump era inconstitucional, pero sus mandatos judiciales se aplicaron en todo el país e impulsaron a la administración a presentar una serie de apelaciones que finalmente llegaron a la Corte Suprema.
Los procedimientos de este jueves se centrarán únicamente en una solicitud de los abogados de derechos de inmigración que están detrás de la apelación para que certifique una clase de individuos que incluiría a “todos los niños actuales y futuros” que se verían afectados por el decreto de Trump, y sus padres.
Si el juez acepta certificar la clase, entonces tendrá que decidir si emite una nuevo decreto judicial que bloquearía efectivamente el decreto de Trump en todo el país.
“Ningún tribunal del país ha coincidido con la administración en la cuestión constitucional subyacente. Todos los tribunales han declarado que este decreto es inconstitucional, por lo que esperamos prevalecer en esa cuestión”, declaró Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que ayudó a presentar los dos casos de Nueva Hampshire. “La cuestión que se presentará ante el tribunal este jueves es, en última instancia, la siguiente: procesalmente, ¿cómo vamos a garantizar la protección de todos los niños?”
