El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió este viernes un comunicado conjunto del Escudo de las Américas, en el que 13 países expresan su preocupación por las acciones y declaraciones que, a su juicio, ponen en duda la legitimidad del proceso electoral en Colombia y generan incertidumbre sobre la transición presidencial.
La declaración, suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, sostiene que la voluntad popular expresada en las urnas y certificada por las autoridades electorales es la única base legítima del poder público.
Comienza el texto:
“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional.
En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.
Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”.
