La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que 44 mil quintales de frijol almacenados en bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) serán vendidos al sector agroindustrial para recuperar parte de los recursos invertidos.
El titular de la SAG, Moisés Molina, dijo que el grano sigue apto para consumo humano, aunque requiere más tiempo de cocción. La decisión fue anunciada mientras avanzan las investigaciones por las denuncias de productores agrícolas sobre el estado del producto almacenado en el IHMA.
Según Molina, la principal afectación detectada es el aumento del tiempo de cocción, una condición que, afirmó, puede ser manejada por empresas dedicadas al procesamiento industrial de alimentos.
“El frijol está totalmente apto para comer; el problema es el tiempo de cocción y eso se soluciona con las marmitas que tienen los industriales”, manifestó.
Sector agroindustrial
La comercialización de los granos con la agroindustria forma parte de una estrategia para reducir el impacto económico derivado del deterioro de las existencias almacenadas.
Las autoridades sostienen que buscan recuperar la mayor cantidad posible de recursos mediante la venta del producto a empresas con capacidad para procesarlo y transformarlo en alimentos destinados al mercado nacional. El volumen afectado asciende a 44 mil quintales de frijol dentro de las reservas administradas por el IHMA.
La medida anunciada por la SAG recibió respaldo parcial de representantes del sector campesino, que consideran necesario recuperar parte de la inversión hecha por el Estado, pero insisten en que el proceso no debe limitarse a la comercialización del producto.
El representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Darwin Cálix, señaló que la venta del frijol puede contribuir a disminuir el impacto económico generado por el deterioro de las reservas, pero remarcó la necesidad de esclarecer cómo se produjo la situación y quiénes podrían ser responsables.
Para las organizaciones campesinas, el caso también debe servir para identificar posibles fallas administrativas o técnicas que permitieron que miles de quintales de grano perdieran calidad durante su permanencia en las bodegas estatales.
Cálix recordó que el valor comprometido ronda los 88 millones de lempiras, una cifra que generó preocupación entre productores y otros sectores vinculados a la actividad agrícola nacional.
