La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), comparece al juicio oral y público en contra de Javier Gregorio Ramos Rivera, acusado de lavado de activos en el marco de la Operación Baliza.
El debate se ha venido desarrollando en diferentes fechas de este mes de noviembre y se tiene previsto continuarlo la siguiente semana, encontrándose el mismo en etapa de evacuación de medios de prueba.
La Operación Baliza se ejecutó el 12 de agosto de 2019 en los departamentos de Atlántida y Colón, desarrollándose 13 allanamientos a viviendas, seis inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 14 inmuebles, cinco negocios, cinco embarcaciones y 14 vehículos.
El caso comenzó a investigarse desde el 27 de junio del año 2017, cuando el Ministerio Publico recibió una denuncia contra el ciudadano Walther Alexander Ramos Rivera alias Volantío (pedido en extradición por una corte de Estados Unidos), en la cual se manifestó que esta persona pertenece a una organización dedicada al tráfico de drogas, para lo cual realiza actividades comerciales de fachada en el rubro pesquero, siendo propietario de un negocio denominado Corporación Marítima S.A. de C.V. mediante el cual movían el dinero producto del narcotráfico.
Dicha Corporación Marítima S.A de C.V. fue constituida en fecha 9 de junio de 2010 teniendo como finalidad el procesamiento, compra, venta, comercialización, distribución, exportación, importación, cultivo y pesca de mariscos, siendo sus socios fundadores los señores Walther Alexander Ramos Rivera, Santos Rolando Ramos Salgado, Oscar Javier López Ramos y Javier Gregorio Ramos Rivera, este último detenido en marzo del año 2017 por el delito de asociación ilícita en otra causa penal y siendo posteriormente encausado por lavado de activos en el marco de Baliza.
Las diligencias investigativas permitieron obtener la información respecto al patrimonio del investigado y su núcleo familiar, declaraciones de ingresos y sus productos en el sistema financiero nacional, pudiendo establecerse el movimiento, traslado y conversión de activos cuya procedencia no tienen causa o justificación lícita.
Por este caso, aún hay órdenes de captura que la DLCN tiene en proceso ejecutar.
