El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró este miércoles una “carta firmada” por el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en la que dice acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de validar el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
En una alocución televisada, Rodríguez explicó que representantes del Gobierno de Nicolás Maduro fueron “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones, justo cuando la Justicia venezolana había librado una orden de captura contra el abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
González Urrutia tenía el deseo de abandonar el país
Esos interlocutores, prosiguió el chavista, manifestaron el “deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país”, por lo que solicitó a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder desplazarse al aeropuerto y tomar el vuelo, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, que finalmente lo llevó hasta España, donde solicitó asilo político.
“Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de Justicia, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral (que convalidó el triunfo de Maduro en las urnas), que aunque no la comparto, la acato”, dice la misiva, que fue exhibida por Rodríguez, quien destacó la firma “voluntaria” del antichavista.
El presidente del Legislativo remarcó que esta carta se redactó de manera voluntaria y que no existió “ningún tipo de situación en la que el señor Edmundo González Urrutia pudiera sentirse violentado”. No obstante, el abogado del opositor, José Vicente Haro, ya había desmentido el día 8 de septiembre, ante crecientes “rumores” en redes sociales y diversos “medios de comunicación”, que su representado hubiera firmado algún documento en el que reconociera a Maduro como presidente electo, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la noche de los comicios, ni la posterior “verificación” por parte del Supremo.
