Ecuador y México cumplen este sábado un año de relaciones rotas tras la invasión policial a la embajada mexicana en Quito ordenada por el presidente Daniel Noboa para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, que enfrenta un nuevo juicio por corrupción, a la vez que sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el litigio entre ambos países.
Glas fue detenido la noche del 5 de abril de 2024 dentro de la Embajada de México por agentes policiales que asaltaron la sede diplomática horas después de que el exvicepresidente recibiera asilo diplomático del Gobierno mexicano, al declararse perseguido político frente a las condenas y casos de corrupción que acumula en Ecuador desde 2017.
Al siguiente día fue llevado hasta la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil, donde permanece en una situación de salud «crítica» y que «continúa deteriorándose», según dijo a EFE la abogada de Glas, Sonia Vera.
En el momento de su detención, el exvicepresidente, uno de los hombres fuertes dentro del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), tenía pendiente el terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos casos, mientras que había sido imputado en un tercero por presunto peculado (malversación de fondos).
Los cargos
Esa última imputación se formalizó el pasado 14 de marzo, cuando la Fiscalía lo acusó a él y a otras ocho personas por el caso de la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto de 2016. Glas presidió en ese entonces el comité que debía llevar adelante los proyectos de mayor urgencia.
Según el Ministerio Público, el dinero recaudado se destinó presuntamente a obras que no cumplían las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez, lo que derivó en un supuesto «abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia».
Pero para Vera, ese es «otro proceso forjado y jurídicamente insostenible», pues «no existe prueba alguna de corrupción, desvío de fondos ni perjuicio real al Estado».
«La Fiscalía formuló cargos violando la norma penal que establece un plazo máximo de dos años para la fase investigativa, acumuló arbitrariamente investigaciones y confundió deliberadamente conceptos jurídicos con decisiones administrativas legítimas», mencionó.
Un juez de la Corte Nacional decidirá el 15 de abril si llama a juicio a Glas y a los otros acusados.
