La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP), en audiencia de procedimiento abreviado obtuvo una sentencia condenatoria contra un exempleado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), quien durante la pandemia del Covid-19 sustraía artículos médicos para venderlos a precios irrisorios.
La condena fue dictada contra Edin Antonio Carballo Franco, quien en su momento laboraba como motorista en COPECO y quien cometió el delito de malversación por aplicación diferente agravada continuada.
Edin Antonio Carballo junto a Hugo Mauricio Cardona ya condenado, sustraían de las bodegas de COPECO y comercializaban batas, overoles y equipo de bioseguridad destinados a la atención de la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19.
Ambos exempleados de COPECO fueron capturados en San Pedro Sula un 26 de noviembre de 2020, durante una operación en conjunto con agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La coordinación de la FETCCOP, también informó acerca de la sentencia condenatoria que en audiencia de procedimiento abreviado se dictó contra Carlos Alberto Turcios, Elder Saí Núñez y Ricardo José Toledo Urrea por el delito de uso de documentos públicos falsos continuados y en contra de Andrés Isaac Vados, Francis Omar Andino, Héctor Javier Fernández y David Alejandro Moya por uso de documentos públicos.
Las siete personas sentenciadas obtenían incapacidades médicas extendidas supuestamente por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), las que entregaban en las empresas donde laboraban para ausentarse de sus funciones.
La FETCCOP también informó sobre la resolución declarando sin lugar la petición presentada por la ex jefa de Control de Ingresos de la municipalidad de San Pedro Sula, Ada Esperanza Muñoz, en la causa por sospechas del delito de malversación de causales públicos en perjuicio de los miembros del sindicato municipal, según expediente 1203-2018.
Ada Esperanza Muñoz, presentó la solicitud para dejar sin valor y efecto dicho proceso judicial amparada en el Decreto Legislativo No-4-2022 relacionado a la amnistía política aprobado el 4 de febrero por el Congreso Nacional en lo que se denominó Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan.
