La arquidiócesis de San Francisco, en el estado de California, se declaró en bancarrota tras recibir más de 500 denuncias de abuso sexual de menores por parte de sus eclesiásticos.
Al apelar al Capítulo 11, la sede religiosa puede congelar todos los procesos legales en su contra hasta que logre desarrollar un plan de liquidación de sus activos y de abordaje a las demandas, mientras continúa pagando los sueldos de los empleados y atendiendo a los feligreses.
El arzobispo a cargo, Salvatore Cordileone, explicó en un comunicado que la decisión se debe a que “desafortunadamente, la arquidiócesis no tiene ni los medios financieros ni la capacidad práctica para litigar individualmente todas estas demandas por abusos y, por lo tanto, después de mucha consideración, llegó a la conclusión de que el proceso de quiebra es la mejor solución para proporcionar una compensación justa y equitativa a los supervivientes inocentes que han sido perjudicados”.
Los centenares de reclamos presentados ante la Justicia el año pasado se remontan a casos ocurridos hace décadas -incluso de 30 años o más- gracias a una ley del estado que permitía presentar demandas sin límite de antigüedad hasta el pasado 31 de diciembre.
Es por ello que la mayoría de los sacerdotes implicados ya han muerto o no ejercen el ministerio, aunque una investigación de la cadena NBC local identificó a tres clérigos que aún siguen activos en iglesias del área de San Francisco.
La sede religiosa es la única del estado que se ha negado a publicar la lista de sus miembros acusados de estos delitos, aunque los involucrados, al igual que la arquidiócesis, han rechazado las denuncias y se resguardaron en una investigación interna que concluyó que las acusaciones “no se sustentaron”.
En su lugar, el arzobispo sostuvo que aquellos sacerdotes y diáconos en regla están debidamente detallados en su sitio web y que aquellos siendo investigados han sido apartados del ministerio público y eliminados del listado.
La red de sobrevivientes de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia SNAP cuestionó el accionar de la arquidiócesis y de Cordileone ya que descreen de sus dificultades financieras y consideran ésta una estrategia para mantener oculta la información del caso.
“Dudamos seriamente que la arquidiócesis de San Francisco no disponga de los activos necesarios para resolver estas demandas”, apuntó la organización en un comunicado y sumó: “Sólo podemos esperar que el juez federal examine de cerca sus propiedades inmobiliarias, que se extienden por tres de los condados más ricos de los Estados Unidos”.
Por su parte, Jeff Anderson, abogado que representa a más de 125 de los denunciantes, declaró que “Cordileone utilizará todas las tácticas y herramientas a su disposición para seguir huyendo de la verdad”.
