La organización Amnistía Internacional (AI) alertó este miércoles de la posible realización, en El Salvador, de crímenes de lesa humanidad en el contexto del régimen de excepción, una polémica medida vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales a toda la población.
Lo anterior es una de las conclusiones del informe ‘»Seguridad» sin derechos’, presentado por representantes de AI en la Ciudad de México.
La organización señaló que «la evidencia recopilada indica que las violaciones documentadas no constituyen incidentes aislados, sino que responden a patrones de conducta estatal facilitados por la reconfiguración del marco institucional y legal del país».
«Los hallazgos del informe apuntan a que la privación grave de libertad a gran escala, las denuncias sistemáticas de tortura, los patrones de desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad conforme al derecho penal internacional», indica el informe.
El régimen de excepción, que se aprobó en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y es la principal medida del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las maras para reducir la violencia.
«Seguridad» sin derechos
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, dijo durante la presentación virtual del informe que «la seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso».
«El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos», apuntó.
Esta es la segunda advertencia de la posible realización en el país centroamericano de crímenes de lesa humanidad, ya que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) alertó en marzo pasado de una situación similar.
