Un grupo de juristas independientes integrado por especialistas en derecho constitucional, penal, internacional y derechos humanos, advirtió que Honduras enfrenta una crisis institucional profunda que amenaza directamente la integridad del proceso electoral del 30 de noviembre. Según su análisis, el país vive una ruptura constitucional de carácter material, resultado de la concentración de poder y el debilitamiento deliberado de los contrapesos entre instituciones.
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse señaló que el poder político ha descubierto que puede “controlar el origen del poder soberano: el voto”, una advertencia que resume la preocupación central del informe presentado. Los expertos sostienen que la combinación del cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo ha generado un desequilibrio que compromete el Estado de derecho.
El documento, firmado entre otros por Vilma Morales, Sandra Ponce, Danelia Ferrera, Kenneth Madrid, Félix Ávila, Marcela Castañeda, Nelson Castañeda, Ruth Lafosse y Juan Carlos Pérez Cadalso, detalla que el proceso electoral se desarrolla en un ambiente marcado por tensiones institucionales, presiones políticas sobre los entes electorales y denuncias de injerencia estatal que elevan el riesgo de manipulación o interferencia.
Los juristas subrayaron que uno de los epicentros de la crisis es la neutralización del Congreso Nacional, bloqueado por decisiones unilaterales de la Presidencia que impiden su funcionamiento normal. A esto se suma la desviación de poder en el Ministerio Público, que —según el análisis— ha sido utilizado para influir en el proceso electoral, y la pasividad del Poder Judicial, que no ha resuelto con prontitud recursos de amparo e inconstitucionalidad clave para restablecer el orden legal.
Otro punto crítico es el estado de excepción prolongado por casi tres años, sin control legislativo ni judicial. Esta situación —afirman— ha restringido derechos fundamentales como la libertad de expresión, circulación, reunión pacífica y participación política, condiciones incompatibles con la realización de elecciones libres y auténticas.
Los expertos también advirtieron sobre el sabotaje sistemático a los órganos electorales: desde la falta deliberada de quórum en el CNE y el TJE hasta investigaciones penales mediáticas que generan intimidación y desprestigio institucional. Este entorno, aseguraron, “es incompatible con una contienda democrática genuina”.
A menos de dos semanas de las elecciones generales, los juristas concluyen que aún hay espacio para corregir el rumbo. Pero advirtieron que, si no se restablece el equilibrio de poderes y no se garantiza un entorno libre de restricciones indebidas, la legitimidad del proceso electoral y la estabilidad democrática del país quedarán en serio riesgo.
