El juez de la Audiencia Nacional ha inadmitido la denuncia que un socio del FC Barcelona presentó contra parte de la directiva de Joan Laporta por blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones indebidas, al estimar que no es competente para investigar estos hechos.
El juez Santiago Pedraz ha dictado un auto este lunes en el que rechaza que la Audiencia Nacional sea el órgano judicial competente para investigar la denuncia, tal y como sostiene la Fiscalía, que en un informe remitido el viernes al juzgado, solicitó derivarla a los juzgados de Barcelona para que decidiesen sobre si la admitían a trámite.
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Pedraz, titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 5), acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que para investigar los delitos presuntamente cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la Audiencia Nacional, es necesario que el delito se cometa «en su integridad en el extranjero».
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En este sentido, el juez añade que los delitos continuados o permanentes o complejos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español competente, en el que, «aunque no totalmente, hayan sido perpetrados».
La denuncia contra Laporta
La denuncia fue interpuesta por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.
Al rechazar la competencia de la Audiencia Nacional, la Fiscalía basó su argumentación en que los delitos denunciados por el socio en su escrito tienen su origen en otros que presuntamente habrían sido cometidos en Barcelona.
Poco después de haber adquirido de nuevo la condición de socio del FC Barcelona, Isidro Navarro, natural de Pulgar (Toledo), interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional contra el hasta ahora presidente azulgrana Joan Laporta -que aspira a la reelección- y varios de los miembros de su Junta, justo al inicio del proceso electoral para elegir a la nueva directiva del FC Barcelona.
Al trascender la presentación de esta denuncia por parte de una persona que acababa de ser admitida como socia del FC Barcelona justo al comenzar el proceso electoral a la presidencia del club, la entidad azulgrana calificó en un comunicado de «total y absolutamente falsa» la documentación en la que se basa el escrito.
Joan Laporta y sus problemas legales
Joan Laporta ha estado envuelto en diversas controversias judiciales que han captado atención mediática en España, especialmente desde 2025, cuando múltiples denuncias y querellas fueron presentadas o admitidas en sede judicial.
En enero de 2026, Laporta fue citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona por un presunto delito de estafa de aproximadamente 100,000 euros, relacionado con inversiones en empresas denominadas Core Store y CSSB Limited, según informó la prensa catalana.
Ese caso no solo involucró a Laporta, sino también al vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, y a exdirectivos como Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, quienes eran vinculados a esas sociedades y a proyectos empresariales relacionados con el deporte.
En las declaraciones ante el juez, Laporta negó haber firmado contratos o participado directamente en los acuerdos con los inversores que dieron lugar a la denuncia, alegando que se trataba de un incumplimiento contractual y no de un fraude.
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Asimismo, el abogado de Laporta sostuvo públicamente que la acusación no implicaba ningún engaño deliberado, desmarcándose del carácter penalizado de los hechos y defendiendo que no existía dolo en la actuación de su cliente.
En noviembre de 2025, un juzgado de Barcelona ordenó reabrir e investigar una querella por estafa presentada por una inversora que afirmó haber perdido cerca de 100,000 euros en inversiones vinculadas a esas mismas sociedades, luego de que una instancia judicial había archivado inicialmente el caso.
Ese proceso judicial fue admitido a trámite por la Audiencia de Barcelona, marcando un paso formal en la instrucción de la causa, aunque todavía sin sentencia definitiva sobre la existencia de delito.
No fue el único frente legal: en los últimos años, Joan Laporta ha enfrentado denuncias relacionadas con una supuesta estafa de 4.7 millones de euros, ligada a inversiones de una familia que había ganado un premio de lotería y que argumentó no recuperar lo invertido.
En ese caso, la denuncia apuntaba a contratos y asesorías vinculados a la empresa CSSB Limited, con Laporta en el centro de las críticas, aunque él insistió en su defensa y negó participar directamente en la gestión de esa compañía.
Más allá de casos de estafa, Laporta también ha estado relacionado con investigaciones de mayor alcance, como las vinculadas a supuestas irregularidades en pagos a emisores de informes arbitrales, conocidas popularmente como el Caso Negreira.
En esa causa, se analizaron pagos realizados por el club a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y Laporta fue señalado en resoluciones judiciales como parte de los implicados en la trama de posibles sobornos.
Aunque el caso Negreira fue objeto de apelaciones y desacuerdos sobre la aplicabilidad de los delitos por prescripción, la investigación ha tenido resonancia amplia en España y ha llevado a la citación de Laporta como testigo en fases del proceso.
Además de estas causas, en 2026 se presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos como blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental y organización criminal, relacionados con operaciones financieras y contratos del club, aunque el juez no admitió esa denuncia por falta de competencia territorial.
Ese rechazo por parte de la justicia española no implicó una exoneración de fondo, sino que dejó la puerta abierta para que la misma denuncia pueda presentarse ante tribunales en Barcelona, donde sí hubo competencia en los hechos investigados.
El entorno electoral del club también ha amplificado estos asuntos: algunas denuncias coinciden con procesos internos del FC Barcelona, lo que ha generado debates intensos en medios sobre la motivación y el impacto de estas acciones judiciales en la contienda por la presidencia.
Finalmente, muchos de estos procesos judiciales aún están en fase de investigación o instrucción, sin sentencias condenatorias firmes, y en algunos casos Laporta y su defensa han argumentado que ciertas acusaciones son infundadas, motivadas por intereses mediáticos o políticos propios del ciclón informativo alrededor del club.
