Las contradicciones que han rodeado el caso de Koriun crecen día con día gracias al errado manejo político y jurídico del caso. La controversia Koriun no comenzó en abril, cuando se produjo el aseguramiento de la empresa por el Ministerio Público, sino que fue en febrero de 2025 que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) advirtió que Koriun no estaba autorizada ante la CNBS para realizar actividades de intermediación financiera.
Luego, siguieron una serie de impasses entre la identificación de 358 millones en las instalaciones de Koriun y la casa de su representante legal, la afirmación de que únicamente L 69,198,522.78 derivado de las operaciones de Koriun estaban en el sistema financiero. Además de la gran idea de proceder con la devolución del dinero, antes de saber si el fondo de las investigaciones había develado quiénes son todos los responsables. Y la cereza del pastel, la propuesta de aprobar una ley para devolver el dinero con fondos públicos.
En el fondo, este caso evidencia nuevamente la fragilidad de las instituciones del Estado. Un Ministerio Público, que como el anterior, de raíz su cabeza asumió el cargo condicionado políticamente, dispuesto a participar como veedor de la entrega de los fondos, seguramente por directrices política, cuando su trabajo es precisamente llegar al fondo de las investigaciones. Y una CNBS, que pareciera que sus autoridades no tienen idea de qué hacer con este caso, y que se mueven “al son” de lo que les marca el Gobierno de la República, que claramente piensa más en las próximas elecciones, que en resolver este caso dentro de los límites jurídicos.
La complejidad política que presenta el caso se relaciona, por un lado, las repercusiones sociales para quienes decidieron confiar sus recursos a esta empresa, y por otro, el costo político para el Gobierno de una convulsión social, con el componente añadido, de la penetración territorial que Koriun alcanzó en 7 departamentos del país. A estas alturas es imposible evitar que Koriun genere costos, ya sea políticos o sociales, la pregunta es quién va a pagar la cuenta de todos ellos.
Rafael Jerez Moreno
