El Gobierno de Javier Milei vetó este jueves la ley de financiación de las universidades públicas, eje de una multitudinaria movilización de protesta realizada en la víspera en Buenos Aires, porque “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas”, pero los diputados anticipan que arremeterán en el Congreso.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Milei vetó la ley aprobada el pasado 13 de septiembre por el Parlamento, que establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades y una recomposición de los salarios por inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual.
“El proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, argumentó el decreto.
“El financiamiento debe ser discutido al momento de sancionarse el Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal que corresponda”, afirmó.
El Ejecutivo vetó la ley de financiación a las universidades al día siguiente de una jornada marcada por la masiva movilización en Buenos Aires de profesores y estudiantes, con el apoyo de sindicatos y sectores políticos de oposición, para reclamar que Milei no vetara esa norma.
¿Por qué veta Milei esta ley sobre universidades públicas?
De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley, de aplicarse, tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,14 del PIB, por lo que la comunidad universitaria considera que no afecta sustancialmente a las cuentas públicas.
Para el Ejecutivo, “dar cumplimiento” a la ley sancionada por el Congreso “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas”, “ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.
Esta decisión se da en el marco del compromiso del Gobierno de Milei de mantener el equilibrio fiscal que logró en sus primeros nueve meses de mandato, objetivo por el cual este es su segundo veto en lo que va de su gestión, porque hace un mes también rechazó una norma que proponía pagos adicionales a los jubilados en un contexto de pérdida de su poder adquisitivo.
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas, en las que el oficialismo está en minoría y necesita tejer alianzas con sectores de la oposición.
El jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, advirtió en sus redes sociales que van a “insistir” con la ley que se aprobó porque fue iniciativa de su partido, a pesar de compartir la necesidad del equilibrio fiscal.
