El 15 de diciembre de 2022, el Gobierno de la República y Naciones Unidas firmaron un memorándum de entendimiento que contenía los principales pasos para la instalación de la
Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Quince meses después, 19 de los 26 compromisos adquiridos por las autoridades hondureñas continúan pendientes de cumplimiento, apuntó este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El capítulo local de Transparencia Internacional realizó un segundo análisis sobre el avance del gobierno para la instalación de la CICIH, como contribución a la lucha contra la corrupción para la generación de un sistema gubernamental al servicio de los más vulnerables.
En 2023, cuando ASJ hizo la primera evaluación de los avances en el proceso de instalación de la comisión internacional, tres de los acuerdos habían sido cumplidos y 23 se encontraban pendientes. En el primer trimestre de 2024, la cantidad de compromisos cumplidos subió a siete; sin embargo, aún quedan pendientes 19.
Aunque a la fecha se han realizado cuatro visitas de expertos internacionales al país para evaluar el contexto nacional y generar recomendaciones previas a la instalación, la segunda ampliación del memorándum vence en junio próximo, sin que se haya mostrado voluntad política para el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro y un verdadero combate a la corrupción en Honduras, El memorándum de entendimiento se divide en dos etapas: en la primera existen cinco acuerdos, de los cuales sólo uno se ha cumplido a cabalidad y dos de ellos muestran avances; en los restantes dos se observa estancamiento. En la segunda etapa, únicamente existen dos acuerdos, de los cuales ninguno se ha cumplido hasta el momento.
El ordenamiento jurídico hondureño también muestra algunos obstáculos para la instalación de la CICIH que han sido denunciados por la sociedad civil, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), entre otras. Se han identificado siete obstáculos de los cuales cinco se han logrado eliminar, sin embargo, se han creado nuevos mecanismos y técnicas para continuar las prácticas del pasado que impiden la instalación de la comisión.
Adicionalmente, se han identificado 12 reformas y aprobaciones complementarias para la lucha contra la corrupción y todas siguen pendientes. Sin mostrar avance alguno en la voluntad de combatir la corrupción en el país.
Entre las ocho reformas a leyes vigentes y cuatro nuevas leyes que debería efectuar el Congreso Nacional figuran algunas relacionadas con la acción penal pública de la CICIH, transparencia y acceso a la información pública, financiamiento a partidos políticos y candidatos, contratación pública, selección de altos funcionarios y colaboración eficaz, entre otras.
Desde la sociedad civil, ASJ señala la necesidad de eliminar las prácticas políticas que buscan mecanismos alternos para mantener las malas costumbres que promueven y erosionan la corrupción en el país, como la secretividad, el fondo departamental renombrado como subvenciones, las amnistías, entre otras.
El gobierno debe generar las condiciones para que la instalación de la CICIH sea independiente, autónoma y con un funcionamiento integral en cuanto a la investigación, judicialización y obtención de condenas en gran corrupción.
