La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el martes que una medida de la era de la pandemia de COVID-19 utilizada desde 2020 para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país debe permanecer vigente de forma indefinida.
El fallo judicial, establecido por cinco votos contra cuatro, acepta -hasta una nueva audiencia en febrero- una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levanta la norma del denominado Título 42 -en referencia a una ley de salud pública de 1944- y se abre la frontera.
La resolución de este martes resulta una extensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, había emitido la última semana a fin de que el tribunal tuviera más tiempo para examinar a fondo los argumentos tanto de la parte en favor como en contra de la norma.
Tras conocerse el fallo del Supremo, la Casa Blanca lamentó la resolución y mencionó que acatará la órden pero llamó a realizar una reforma “integral” en su sistema de inmigración.
“El Título 42 es una normativa de sanidad pública, no una política migratoria, por lo que no debe mantenerse de forma indefinida”, dijo en un comunicado la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre y señaló que “con el fin de reparar nuestro deficiente sistema migratorio, el Congreso debe adoptar una reforma integral de la inmigración”.
En ese sentido, agregó que el Gobierno de Joe Biden estará preparado para un eventual levantamiento de la normativa durante el 2023. “Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humanitaria cuando el Título 42 se elimine finalmente”, adelantó.
Estos limites fueron implementados durante el gobierno de Donald Trump, al comienzo de la pandemia. En el marco de estas restricciones, Estados Unidos ya ha expulsado a 2,5 millones de solicitantes de asilo que estaban dentro del país y ha, asimismo, rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera. La justificación detrás de dichas acciones recae en la prevención de la propagación del COVID-19.
La aplicación de esta medida es inmediata, no admite recurso legal y no prevé el retorno automático al país de origen de los migrantes, por lo que habilita al gobierno a expulsar sin demora a los extranjeros sin permiso de residencia.
Este instrumento sanitario contempla pocas excepciones para determinadas nacionalidades como, por ejemplo, el caso de los ucranianos que huyen de su país tras la invasión de Rusia, o para menores no acompañados.
Los defensores de los inmigrantes intercedieron ante esta situación e impusieron una demanda que buscó poner fin a la aplicación del Título 42. Apelaban a que la norma va en contra de las obligaciones del país y el mundo para con aquellos que huyen de la persecución y tildaron de “inhumano” impedir que un potencial solicitante de asilo formule su trámite.
Por otro lado, han argumentado que la medida resulta obsoleta en un contexto en que el virus ya no es la amenaza supo ser en un primer momento y tras un gran avance en los tratamientos.
Ante esto, un juez federal dio la razón a estos grupos y determinó que el pasado 21 de diciembre sería la fecha límite para poner fin a la política. Sin embargo, algunos estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema y alertaron que, de levantarse el Título 42, sus servicios públicos se verían comprometidos y ello derivaría en una “calamidad sin precedentes”.
En tanto, el gobierno federal solicitó al Supremo que rechazara la postura de estos estados pero reconoció, a su vez, que un fin abrupto de esta medida sí sería causante de “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.
Inclusive, esta discusión se da en un momento en el que miles de migrantes concentrados en la frontera del lado mexicano esperan en los albergues para poder ingresar al país y que muchos activistas que luchan por los derechos humanos denuncian que el sistema actual solo alienta a estas personas a cruzar la frontera ilegalmente y exponerse a riesgos cada vez mayores.
