La Policía Nacional de Perú ha incrementado la seguridad en las inmediaciones de la embajada de México en Lima, con 25 agentes, para prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betssy Chávez, que permanece en esa sede diplomática a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país, confirmó este viernes el comandante general de la institución, Óscar Arriola.
El jefe de la Policía Nacional declaró al Canal N que han desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para «cerrar cualquier posibilidad» de fuga de Chávez, pero que en la residencia mexicana hay «un número considerable» de 25 policías.
Sobre la posibilidad de una fuga de Chávez en coincidencia con las fiestas de fin de año, Arriola añadió que «hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario».
La ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del exmandatario en 2022, pero días antes de la lectura de la sentencia ingresó en la casa del embajador de México en Lima y recibió el asilo de ese país, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
El jefe policial explicó sobre las formas de fuga de una persona asilada que «podría tratar de burlar la seguridad, podría salir en un vehículo con inmunidad diplomática y hacer un trasbordo en algún punto» de la ciudad.
Crisis política
Dado que los vehículos diplomáticos también tienen inmunidad, la Policía estaría impedida de detenerlo o intervenirlo, «salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes», señaló Arriola.
A raíz de este caso, el canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su «evolución negativa» y se convierta en «un instrumento para eludir la justicia».
En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, a inicios de este mes, el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, pero sí advirtió que este reafirma la «evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas» de 1954, utilizada hoy «para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos».
El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que «prevalecen las garantías del debido proceso» y «sobre todo, el principio de no impunidad».
Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.
El mandatario interino de Perú, José Jerí, dijo que su gobierno se tomaría un tiempo indefinido para analizar el caso antes de otorgar el salvoconducto que le permita a Chávez salir del país rumbo a México, tal como lo hicieron antes con el mismo estatus la esposa e hijos del expresidente Castillo.
